El jugador del Valencia, Rafa Mir, ha quedado en libertad provisional con cargos tras ser acusado de un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal.
El futbolista fue detenido y pasado a sede judicial el pasado miércoles, iniciándose así un proceso judicial que podría marcar el rumbo de su carrera y, de ser hallado culpable, culminar con una condena de hasta 12 años de prisión, según lo estipulado en el Código Penal.
Las consecuencias penales para Rafa Mir, acusado de agresión sexual
El abogado de Rafa Mir, Jaime Campaner, ha declarado ante los medios que todavía es muy pronto y queda un largo camino legal que se espera en los próximos meses que puede marcar la vida del delantero.
Y es que el artículo 179 del Código Penal español contempla penas de entre 4 y 12 años de prisión para quienes sean hallados culpables de agresión sexual con acceso carnal, y en caso de que se haya ejercido violencia o intimidación, la pena podría ser aún mayor.
Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso a este medio, difícilmente se iniciará el juicio antes de un año y medio, tiempo en el que es muy posible que se diriman consecuencias deportivas que todavía están por dirimirse.
Posibles consecuencias deportivas para Rafa Mir
Dado que ni el club en el que se encuentra actualmente cedido (el Valencia) ni el propietario de los derechos federativos del jugador (el Sevilla) han hecho pública ninguna medida todavía, solo nos queda revisar casos anteriores como, por ejemplo, el Dani Alves.
Dado que parece difícil que durante el tiempo de espera para el inicio de las primeras vistas en sede judicial se produzcan antes del invierno de 2025, es muy probable que el Valencia decida rescindir su contrato y enviarlo de vuelta a Sevilla.
Si esto ocurriera, sería el club andaluz el que tendría que decidir si mantiene al jugador o lo aparta definitivamente de su plantilla.
Por el momento, el futuro de Rafa Mir dentro del mundo del fútbol está en el aire, mientras las investigaciones continúan y el proceso judicial avanza lentamente ante una resolución que, en principio, podría recurrirse, alargándose así el proceso incluso más allá de 2026.
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